¿Derivación deudas laborales después del concurso, vía responsabilidad del administrador societario?

Comparto con vosotros una de las cuestiones jurídicas que más dudas me han dejado en los últimos meses.

En el día de ayer, reunidos con el letrado de un concursado del que soy AC, me insistió en la posición que están tomando los Juzgados de lo Mercantil. Posición que se resume de la siguiente manera;

  • Posición por la cual los trabajadores que tras la liquidación del concursado y no ven satisfechos todos sus créditos laborales – tras la labor garante del FOGASA- acuden en sede mercantil frente al Administrador Societario por vía de responsabilidad (ex.art.236 y ss. LSC), con la intención de hacer efectivos esos créditos.

Sinceramente las dudas que me genera esta afirmación son mayúsculas y no alcanzo a comprender que fundamento jurídico puede llevar a ningún letrado a plantear una acción de tal tipo.

Entiendo que tal idea es absolutamente descartable, al menos por los siguientes motivos;

1.- todos los acreedores concursales se ven sometidos a los rigores del concurso. No podemos pasar por alto que los derechos de los trabajadores no dejan de ser parte de la masa pasiva. (ex.art.49 LC. Sobre la Integración de la masa pasiva)

«[…] Declarado el concurso, todos los acreedores del deudor, ordinarios o no, cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio, quedarán de derecho integrados en la masa pasiva del concurso, sin más excepciones que las establecidas en las leyes […]»

Por ello una vez reconocidos por vía de resolución judicial, si fuera el caso, los créditos de carácter laboral, los mismos se verán plenamente integrados en la masa pasiva del concurso. Sin más excepciones a esta regla.

2.- recordemos que los administradores societarios ven depuradas sus responsabilidades a través de la pieza de calificación. Para ello se encuentra previsto en nuestra Ley Concursal un sistema estricto de depuración de responsabilidad de los administradores de hecho o derecho, la llamada «pieza de calificación». (ex.art.163 y ss. LC).

Aquí podemos encontrarnos ante dos situaciones perfectamente diferenciables y que traídas al supuesto que nos ocupa, se desarrollan en dos planos contrapuestos;

(i)              De un lado, ante un concurso fortuito. El Administrador ya habrá depurado su responsabilidad, al constar en resolución que con su actuación no colaboró en la generación de la insolvencia o en su agravación.

(ii)             De otro lado, ante un concurso culpable. El Administrador verá como este es el momento y cauce procesal en el que deberá de responder – de reconocerse por vía de condena al déficit patrimonial- de aquellas deudas que no se veaN satisfechas tras la liquidación del concurso. (ex.art.172 bis LC)

«[…] el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, de la persona jurídica concursada, así como los socios que se hayan negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, que hubieran sido declarados personas afectadas por la calificación a la cobertura, total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia. […]»

Parece claro por lo tanto descartable abrir una segunda vía de responsabilidad del administrador societario.

Vía que por otro lado y ante un concurso fortuito, se me antoja todavía más complicada, pues no puede obviarse que unos de los requisitos esenciales de la llamada acción de responsabilidad individual es que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal. Elemento este que parece diluirse a través de la declaración como fortuito del concurso.

Así y como conclusión entiendo necesario traer la solución que ofreció nuestro TS en Sentencia núm. 253/2016 de 18 abril. « […] si los tribunales no afinan en esta exigencia, corremos el riesgo de atribuir a los administradores la responsabilidad por el impago de las deudas sociales en caso de insolvencia de la compañía […]».

Esperando sea de vuestro interés.

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