La intervención de terceros en la pieza de calificación concursal. ¿Hasta dónde puedo llegar?

No son pocas las ocasiones en los que a nuestros clientes con intereses en un concurso de acreedores – ya sea desde el punto de vista del concursado, ya sea desde el punto de vista del acreedor concursal – se le plantea la duda de hasta qué punto puede un acreedor concursal intervenir en la pieza de calificación.

Sus cuestiones se repiten; ¿puede un acreedor concursal interesar una calificación respecto a mi persona? ¿puedo yo como acreedor concursal interesar una mayor inhabilitación para el administrador societario afectado por la que probablemente será calificación culpable del concurso de acreedores? ¿podríamos contestar al informe de calificación del Administrador Concursal y/o del Ministerio Fiscal?

Hace unos años la respuesta no encontraba una respuesta jurisprudencial clara y determinada. Es cierto que existían múltiples y extensos pronunciamientos de los Juzgados de lo Mercantil y de las Audiencias Provinciales (SAP Madrid (Sección 28) 01.07.2011 (Sentencia 223/2011; Rollo 566/2010), SAP Jaén 23 de abril 2007, Cendoj: SAP J 274/2007, SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 8 de junio 2007, (Cendoj: SAP B 7484/2007, SAP Barcelona, Secc. 15ª, de 7 de junio de 2007 (Cendoj: SAP B 7050/2007, ATSJ País Vasco 6 de febrero 2007, AS 2007\1241)

Haciendo conjunción de la extensa lista de resoluciones, junto a una importante resolución de nuestro Tribunal Constitucional,  podíamos insinuar cual sería la respuesta correcta. Me refiero a la Sentencia del Tribunal Constitucional 15/2012, de 13 de febrero de 2012, sobre la que ya me pronuncié en otros foros. Y que esencialmente venía a establecer;

“[…] Este Tribunal ha tenido oportunidad de ocuparse de decisiones judiciales que negaron la intervención dentro de un proceso determinado a terceros que reclamaban su personación en el mismo al amparo del derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE), fijando una doctrina aplicable mutatis mutandis a casos como el actual. En relación con ello, por ejemplo en la STC166/2003, de 29 de septiembre, FJ 4, establecimos: “Más concretamente, a propósito de la falta de legitimación activa, este Tribunal Constitucional tiene declarado que, al conceder el art. 24.1 CE el derecho a la tutela judicial efectiva a todas las personas que son titulares de derechos e intereses legítimos, están imponiendo a los Jueces y Tribunales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales (SSTC 24/1987, de 25 de febrero, FJ 2; 93/1990, de 23 de mayo, FJ 2; 195/1992, de 16 de noviembre, FJ 2), circunscribiéndose la función de este Tribunal Constitucional a comprobar que las limitaciones establecidas, en su caso, por el legislador en la determinación de los legitimados activamente para hacer valer una pretensión respetan el contenido del derecho a acceder a la jurisdicción y resultan proporcionadas a la consecución de finalidades constitucionalmente lícitas (STC 10/1996, de 29 de enero, FJ 3; 12/1996, de 20 de enero, FJ 3), así como a censurar aquellas apreciaciones judiciales de falta de legitimación que carezcan de base legal o supongan una interpretación arbitraria, irrazonable o excesivamente restrictiva de la disposición legal aplicable al caso contraria a la efectividad del derecho fundamental (SSTC 285/1993, de 4 de octubre, FJ 2; y 34/1994, de 31 de enero, FJ 3, entre otras muchas, y AATC 136/1991, de 30 de abril; 250/1993, de 19 de julio; 252/1993, de 19 de julio).”

Esa doctrina de referencia ha de conducir a la estimación del amparo solicitado. En efecto, el Auto reseñado, tras realizar una distinción entre alegaciones y formulación de pretensiones, resuelve, de manera tajante y sin ninguna matización, apartar de la sección con carácter absoluto a los recurrentes, hasta tal punto que acuerda “la nulidad de todo lo relativo a aquéllos, desde el momento en que se personan como parte legítima, dejando sin efecto cualquier intervención que como parte se les hubiese reconocido en la presente Sección de calificación”. No cabe ninguna duda, por lo tanto, del carácter absoluto de la decisión del Juez respecto a la intervención de los recurrentes en la fase previa al contradictorio.

La Ley concursal resulta diáfana al prever que se emplace a los terceros que puedan resultar afectados para que comparezcan en la sección a formular alegaciones. Por tanto, el Auto impugnado es claro que soslaya las previsiones establecidas por el ordenamiento que declaran que quien ha acreditado poseer un interés legítimo en el procedimiento pueda personarse en el mismo. La limitación de la actuación de los terceros con interés legítimo —en este caso, los aquí recurrentes— a la fase ulterior del contradictorio constituye una interpretación judicial que, apartándose de forma patente de las previsiones legales, restringe de manera constitucionalmente reprochable el derecho de acceso a la jurisdicción garantizado por el art. 24.1 CE.

Actualmente son más ilustrativos los pronunciamientos sobre tal asunto, en opinión de este letrado, los cuales arrojan suficiente luz en aras a dar una respuesta clara y concisa a aquel interesado en la pieza de calificación.

Es un claro exponente de estos pronunciamientos el realizado recientemente por nuestro Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª), en su Sentencia núm. 10/2015 de 3 febrero. RJ 2015\644

“[…] 5ª.- LOS ACREEDORES Y DEMÁS INTERESADOS EN LA CALIFICACIÓN CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PEDIR UNA DETERMINADA CALIFICACIÓN, pero se les reconoce la posibilidad de intervenir como adyuvantes de la concreta petición de calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, y para apelar ( art. 172. bis. 4 LC ). Y a estos concretos efectos se les reconoce la condición de parte.

De cuanto antecede se desprende que la intervención de los terceros en esta sección es más limitada que la prevista con carácter general en el  art. 193.2  LC , y se acomoda mejor a la modalidad de “intervención adhesiva simple” , que contempla el  art. 13.1  LC , porque al intervenir como coadyuvantes de la concreta petición de calificación formulada por la administración concursal y/o el ministerio fiscal, no pueden sostener otras distintas.

Sus iniciales alegaciones tan sólo habrán servido para informar a la administración concursal, para sugerir un determinado sentido la calificación, a fin de que las tenga en cuenta, y, haciéndolas suyas, las incorpore en su informe “como hechos relevantes para la calificación del concurso” (  art. 169.1º  LC ).

Luego, iniciado ya el incidente concursal, LOS TERCEROS PERSONADOS PODRÁN PROPONER PRUEBA, PARTICIPAR EN LA VISTA Y REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTUACIÓN PROCESAL, PERO DIRIGIDA A CONFIRMAR Y RATIFICAR LOS SUPUESTOS DE HECHO QUE DAN SOPORTE A LAS PRETENSIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL Y EL MINISTERIO FISCAL, únicas frente a las que habrán de defenderse los demandados y demás personas afectadas. A tenor del  art. 170.4  LC , los terceros personados podrán recurrir también la sentencia de no ser estimadas todas o parte de las pretensiones interesadas por la administración concursal y el ministerio fiscal. […]”

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